Según la Comisión de la Verdad (2022) el campesinado fue reconocido como el sujeto que mayor número de violencias vivió en el marco del conflicto armado, a lo que se le suma la estigmatización y persecución, consecuencia de la construcción de discursos y narrativas que les señalan como aliados de la guerrilla. Todo esto llevó a que el campesinado tuviera oleadas enormes de migración, llevándolo a habitar áreas de importancia ambiental, a veces bajo procesos de colonización incluso promovidos e impulsados por el Estado. En años más recientes, han sido acusados y señalados por algunos sectores como los principales destructores del ambiente ignorando su historia y sus condiciones de exclusión. La política ambiental durante finales del Gobierno de Juan Manuel Santos y en el Gobierno de Iván Duque tomó un enfoque militarista, a partir de la declaración de los bienes comunes como activos estratégicos de la nación y su consideración como si fueran un botín de guerra. Ejemplo paradigmático de esto fue la campaña militar Artemisa y sus múltiples violaciones a los derechos humanos. Durante el Gobierno Petro la situación cambió pues las operaciones militares como Artemisa -salvo en vísperas de la COP-16, fueron suspendidas, priorizando una aproximación desde el diálogo social para la resolución de conflictos socioambientales por parte de las carteras de ambiente y agricultura. No obstante, para continuar con la construcción de la paz con la naturaleza, necesitamos hablar de derechos, más que de activos estratégicos de la nación.
Por todo esto queremos de manera respetuosa compartir la experiencia que tenemos frente al trabajo y acompañamiento en conflictos socioambientales y hacer recomendaciones para que sus planes de gobierno contemplen una política ambiental con un claro y decidido enfoque de derechos humanos, que además redunde en el reconocimiento efectivo de derechos campesinos, lo cual es un mandato constitucional.
Uso, acceso, tenencia y formalidad de la tierra en áreas de importancia ambiental
La Reforma Agraria sin duda ha sido una agenda prioritaria en el periodo 2022-2026. Como estrategias para implementar esta política, el Gobierno propuso avanzar en la formalización, la adjudicación y la regularización de la propiedad. En comparación con los gobiernos anteriores, las cifras de gestión de tierras en este periodo evidencian importantes avances. Respecto a la meta de 3,9 millones de hectáreas formalizadas para el cuatrenio, el Gobierno reporta haber formalizado 2,1 millones (54%). Esta cifra ha beneficiado en un 73% a comunidades étnicas (Pueblos Indígenas y Pueblo Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero) y en un 27% a comunidades campesinas. En cuanto a la adjudicación, se reporta la entrega de 310,639 hectáreas de una meta de 3 millones(10%), de las cuales un 43% son entregas definitivas. Para avanzar de forma integral en la política de Reforma Agraria y atendiendo a la situación diferencial del campesinado dentro de Áreas de Especial Importancia Ambiental, quien enfrenta múltiples obstáculos para consolidar derechos sobre la tierra, el Gobierno Nacional construyó una batería de instrumentos para abordar la situación de las comunidades campesinas que habitan Zona de Reserva Forestal (ZRF) de Ley 2da de 1959.
•Acuerdo 315 de 2023 de la Agencia Nacional de Tierras: Con el objetivo de regularizar la ocupación y el aprovechamiento sostenible de baldíos, este instrumento busca concertar con las comunidades la transición productiva que sea compatible con la zonificación de la ZRF, es decir, una producción basada en sistemas agroforestales y aprovechamiento de productos no maderables del bosque.
•Decreto 1147 de 2024: Permite la constitución de Zonas de Reserva Campesina dentro de Zonas de Reserva Forestal de Ley 2da, e incluye como objetivos de las ZRC proteger y conservar los recursos naturales, contribuir a la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernanza territorial y ambiental de las comunidades campesinas.
•Resolución 83 de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Unifica las actividades de bajo impacto ambiental permitidas en ZRF sin necesidad de sustracción previa. Dentro de las actividades permitidas se incluye la construcción de infraestructura básica (escuelas, centros de salud, acueductos rurales), el mantenimiento de viviendas, entre otras.
Garantizar derechos sobre el acceso, uso, tenencia y ocupación de la tierra es un eje central de las transformación territorial, de las garantías de vida digna para los campesinos y campesinas y para la justicia climática y ambiental.
Recomendaciones:
• Reconocer que las medidas de regularización de uso y ocupación no solucionan de forma estructural el problema. Estas medidas entonces deben ser entendidas como medidas transitorias y no estructurales, ya que no otorgan derecho de propiedad sobre la tierra, los instrumentos administrativos como los acuerdos deben ser robustecidos mediante proyectos de decretos y de leyes. Esta consolidación jurídica es indispensable para generar confianza alrededor de los mismos y que puedan ser una posibilidad real y estable de transición para las comunidades campesinas.
• Desarrollar un instrumento robusto para caracterizar al campesinado que habita las Zonas de Reserva Forestal, así como el estado actual de los ecosistemas dentro de la figura. La falta de información sobre quiénes se encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal impacta no solo la vida de las comunidades sino que impide construir estrategias diferenciales para el cuidado ambiental. La información veraz y actualizada permitirá elaborar políticas que se ajusten al contexto territorial, a sus necesidades y a la relación que sostienen con el ecosistema.
• Promover en el Congreso de la República la radicación de un nuevo proyecto de ley para la adjudicación a sujetos de reforma agraria en Zonas de Reserva Forestal sin sustracción bajo criterios de uso sostenible, agricultura campesina, agroecología y asociatividad, como por ejemplo titulación verde.
• Consolidar espacios formales de interlocución y diálogo intercultural para avanzar en el reconocimiento de territorios y territorialidades campesinas, indígenas, negras y multiculturales que consoliden los derechos territoriales de las comunidades rurales.
Enfoque de Derechos humanos en la política ambiental y abordaje de la deforestación: ninguna violación de derechos humanos a nombre de la conservación
Durante el gobierno Duque (2018-2022) el país vivió una transformación en la forma de comprender la deforestación, pasando de verla como un conflicto socioambiental a interpretarla desde la perspectiva de crimen ambiental. Este cambio implicó retos en la comprensión de actores y dinámicas que empujan la ampliación de la frontera agrícola, particularmente en los grados en que estos generan daño ambiental. Lastimosamente, ante estos retos, el país desde el año 2019 optó por perseguir militarmente a quienes materialmente ejercían la acción de deforestar, quienes en muchos casos se encuentran en condiciones límites de vulnerabilidad, viéndose forzados a ocupar áreas ambientales. La estrategia militar de control de la deforestación, denominada Campaña Artemisa, generó serias vulneraciones a derechos humanos dentro de las que se encontraron: quema de viviendas, desplazamiento y violencia física y material en contra de familias. Muchas de ellas se encontraban en estas áreas antes de la declaración de áreas protegidas o llegaron en condiciones de vulnerabilidad.
Consideramos que la deforestación es la manifestación de fenómenos complejos, entre los que se encuentra la altísima informalidad en la tenencia de la tierra por la ausencia de una reforma rural integral que contemple áreas de importancia ambiental, la falta de implementación del punto 1.1.10 del Acuerdo de paz2, la alta vulnerabilidad del campesinado que lo hace susceptible de ser desplazado constantemente hacia zonas de frontera, la persistencia de un conflicto armado que limita las posibilidad de gobernanza ambiental, la presencia de élites económicas locales y nacionales y políticas que se lucran con la expansión de la ganadería y otras actividades extractivas en la Amazonía. El actual gobierno ha hecho grandes esfuerzos por garantizar la disminución de la deforestación, desde el 2023, las cifras de deforestación han mostrado un comportamiento oscilante, registran altibajos entre años, pero con una tendencia general a la disminución. Según el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 2023 se registró la mayor disminución en las cifras de deforestación en la Amazonía desde que se inició el registro en el 2000, pues se pasó de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 hectáreas en 2023, lo cual representa una disminución del 38% (IDEAM, 2024). Esta disminución, en principio, es atribuida a la priorización de esta problemática en la agenda de gobierno nacional y a la implementación de acuerdos de conservación con comunidades locales. El Gobierno Petro desde el año 2022 modificó el enfoque que privilegiaba las acciones militares y ha avanzado en entender la importancia de trabajar en las acciones de conservación con las comunidades habitantes de los territorios, dentro de las que se encuentran:
• Creación del fondo para la vida: el cual centralizó el impuesto al carbono, aumentando en un 28% el presupuesto ejecutado del sector ambiente respecto al gobierno Duque y en un 82% respecto al Gobierno Santos
• Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB): Se establecieron en los núcleos más activos de deforestación y tienen por objetivo realizar transformaciones en el modelo económico que mantiene la deforestación en la Amazonía. Dentro de los NDFyB se establecieron acuerdos de conservación con comunidades campesinas e indígenas.
• Acuerdos de Conservar paga (Pagos por Servicios Ambientales): incentivo económicos para frenar la deforestación y promover la conservación del bosque en píe, en total se suscribieron 7.000 familias y el cumplimiento de los acuerdos es del 90%.
• Concesiones Forestales Campesinas: Reguladas bajo la Resolución 0057 de 2025, estas concesiones otorgan derechos de uso de bosques y la biodiversidad bajo un enfoque de sostenibilidad, promoviendo la economía forestal comunitaria y de la biodiversidad y actividades de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica productiva del bosques.
No obstante, diversos análisis indican que la reducción de la deforestación también estuvo relacionada con el desarrollo de las Mesas de Diálogo de la Política Pública de la Paz Total con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, en las que el gobierno incorporó de manera explícita una agenda ambiental, que incluyó la discusión sobre la deforestación en departamentos como Caquetá, Meta y Guaviare. El enfoque del actual gobierno, según el Plan Integral de Contención a la Deforestación 2023-2026, busca articular contención de la deforestación, garantía de derechos y construcción de paz, apoyándose en acuerdos sociales, ordenamiento ambiental participativo, e investigación criminal.
Al ser la deforestación un conflicto socioambiental complejo y con múltiples variables no puede tener un solo enfoque y debe ser tratada desde políticas públicas integrales que vuelquen la institucionalidad a resolver estos conflictos. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para continuar con el avance en la resolución de dichos conflictos:
Recomendaciones:
• Es necesario trascender los programas puntuales sobre deforestación para generar una política pública integral de transformación territorial para el freno de la deforestación y la garantía de derechos. Con este fin, es necesario generar articulaciones reales entre diversos sectores, principalmente entre el sector agricultura y ambiental.
• En ese sentido las alternativas a la deforestación pasan por la transformación económica de la amazonia que permita trascender de los modelos tradicionales de ganadería hacia modelos diversos que contemplen la economía forestal y la economía campesina.
• Se recomienda dejar atrás el enfoque exclusivo basado en el derecho penal ambiental, en tanto cualquier actividad que se esté llevando a cabo en la Amazonia está generalizando en un delito, lo que pone en riesgo las vidas campesinas y otras formas de vida culturales que habitan la amazonia.
• Se recomienda superar las estrategias de “militarización verde” como eje de la respuesta estatal frente a la deforestación y, en su lugar, avanzar hacia políticas participativas y territoriales que reconozcan a las comunidades como aliadas en la conservación y que orienten los esfuerzos hacia políticas construidas con las comunidades rurales, con enfoque de derechos humanos y acción sin daño, las cuales han demostrado mayor efectividad y menos impactos negativos.
• Las experiencias de los Núcleos de Desarrollo Forestal y del programa Conservar Paga permiten identificar que, en lugares donde se combinan acuerdos sociales, fortalecimiento organizativo y cierta estabilidad institucional, se abren posibilidades reales para avanzar en la contención de la deforestación y en la construcción de alternativas productivas compatibles con el bosque.
• Es necesario crear mecanismos permanentes y vinculantes de participación para las comunidades rurales y étnicas. La gobernanza altamente centralizada ha limitado la apropiación y legitimidad de las medidas de conservación. La experiencia de los Núcleos de Desarrollo Forestal muestra que donde hay acuerdos sociales y organización comunitaria las tendencias de deforestación mejoran de forma más estable. Por ello, se requiere participación vinculante en la zonificación ambiental, la planificación productiva, la verificación de acuerdos de conservación y el seguimiento de las políticas públicas, de forma que se garantice paridad entre instituciones y organizaciones sociales.
Políticas de cambio climático y campesinado
La Conferencia Internacional de Reforma Agraria (ICARDD + 20) permitió identificar una serie de conclusiones y recomendaciones desde la academia y el movimiento agrario, dentro de las cuales se encuentra: la afectación específica que viven las poblaciones rurales frente a las políticas de cambio climático. El desarrollo y la aplicación de políticas ambientales han provocado «acaparamiento verde» (desplazando familias en nombre de la conservación), pérdida de la gobernanza y del derecho a la administración del territorio (por ejemplo, con los contratos del mercado de carbono), limitación al acceso a la tierra históricamente ocupada por el campesinado (como ocurre con el campesinado en Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959), y el cambio en las formas de relación con la tierra mediante restricciones en el uso del suelo (que ya fue resuelto por la Corte Constitucional con la Sentencia C300-2021 a favor de las actividades de bajo impacto en zona de páramo); además, la inversión en «agricultura climáticamente inteligente» en grandes iniciativas agroindustriales, que deja por fuera la soberanía sobre semillas criollas y nativas, y la agricultura familiar y comunitaria. Así, es importante plantear cómo se armonizan las necesidades agrarias con las acciones de cambio climático. El campesinado en estas zonas de interés ambiental se ha organizado y sigue trabajando en torno a ser reconocido como actor clave para la conservación; exige ser escuchado y consultado frente a las decisiones relacionadas con las políticas ambientales y climáticas.
La dimensión ambiental del campesinado está siendo reconocida y, en este sentido, existen saberes y prácticas que han contribuido a la conservación y la salvaguardia de ecosistemas centrales para contener la crisis climática. En un futuro gobierno, la agenda climática (que recibe grandes sumas de financiación internacional en el país) y la agenda agraria deben conciliarse y complementarse; esto es clave para lograr un equilibrio que permita alternativas al desarrollo con base en la justicia social, ambiental y climática.
Panorama de las propuestas de las candidaturas presidenciales
Realizamos un breve análisis de los programas de los candidatos presidenciales en los que se destacan tres enfoques frente a la conservación:
1. Negacionismo climático: Vemos con preocupación las posturas negacionistas sobre el cambio climático y por lo tanto la posibilidad de debilitamiento de las instituciones ambientales con el cual se ha presentado el candidato Abelardo de la Espriella
2. Militarización de la conservación y mercantilización de la naturaleza: Vemos discursos y propuestas de militarización de la conservación en candidatas como: Paloma Valencia y Claudia López, quienes proponen el desarrollo de comandos especiales de fuerza pública y Brigadas del ejército de despliegue rápido, así como control satelital de la deforestación en la Amazonia. Así mismo ambas candidatas proponen continuar con un modelo de mercantilización de la naturaleza manteniendo las explotaciones minero-energéticas en la Amazonia y expandiendo los mercados de bonos de carbono
3. Diálogo social y derechos para la conservación: en la propuesta del candidato Iván Cepeda hay un relevante enfoque de articulación entre las políticas agrarias, ambientales y el desarrollo de derechos económicos y sociales y la continuidad en el diálogo con los sujetos de especial protección constitucional que habitan áreas de importancia ambiental, sin negar la posibilidad de activar fuerza pública de ser necesario.
Autoras/es:
Grupo Campesinado y Naturaleza
Angie Durán – Investigadora en justicia agraria y ambiental.
Centro de Alternativas al Desarrollo
Catalina Oviedo Delgado -Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES). Alejandra Velásquez Díaz, investigadora ambiental y social – asesora en incidencia política.
Javier Revelo Rebolledo, codirector del Observatorio Amazónico, Universidad del Rosario.
Adriana Fuentes, investigadora y asesora en temas de tierras, campesinado y alimentación
Apoyan:
Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz)
Fundación Tropenbos Colombia
Campesinado y Naturaleza 
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